Las personas físicas (particulares, empresarios, autónomos y profesionales), que no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones de pagos (situación de insolvencia), y que cumplan los requisitos establecidos en el Texto refundido de la Ley Concursal.

Dependerá mucho de las circunstancias de cada caso. Aunque, por nuestra experiencia, podemos hablar de un plazo mínimo de entre 6 meses y 1 año.

Por lo general, la persona deberá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Y, si esto no es posible, pasar por un concurso de acreedores, en el cual se deberá solicitar al Juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

El concurso de acreedores comporta la liquidación del patrimonio del concursado. También de la vivienda en propiedad.  

Sin embargo, en determinados casos en que; (1) la vivienda se encuentre hipotecada, (2) el préstamo se encuentre al corriente de pago, y (3) el valor de realización sea inferior a la hipoteca, podría excluirse de la liquidación. 

Con todo, el riesgo de perder la vivienda siempre existe.

En primer lugar, ser deudor de buena fe:

1º)  Que el concurso no haya sido declarado culpable.  [No obstante, si se debe al retraso en la solicitud el Juez podrá acordar la exoneración atendiendo a las circunstancias ].

2º)  Que la persona no haya sido condenada por determinados delitos.

Además el concursado:

3º)  Deberá haber abonado  todos los créditos contra la masa y privilegiados y, si reuniera los requisitos, haber intentado  un acuerdo extrajudicial de pagos. 

[Si la persona que cumplía los requisitos no intentó el acuerdo, podrá acogerse si  hubiera abonado además el 25% de los créditos ordinarios].

Alternativamente, el deudor de buena fe [1º) y 2º)] que no cumpla con el presupuesto objetivo [3º)], podrá solicitar el BEPI con sujeción a un plan de pagos (de la deuda que no quedaría exonerada), si cumple los siguientes requisitos:  (a) No haber rechazado en los 4 años anteriores al concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, (b) No haber incumplido sus obligaciones de colaboración y de información durante el concurso, y (c) no haber obtenido este beneficio dentro de los 10 últimos años.

En principio, la norma excluye el crédito público y por alimentos. 

Con todo, existe jurisprudencia favorable a que también puedan exonerarse (al menos, parcialmente, en el caso de del crédito público), en determinados circunstancias.