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¿Qué es la Ley de la segunda Oportunidad?

La Ley de la segunda oportunidad es un mecanismo previsto en la normativa concursal, al que pueden acudir las personas físicas (autónomos, empresarios o particulares) que, ante un fracaso económico empresarial o personal, no puedan hacer frente a sus deudas (lo que se conoce como insolvencia).

Con la ley de la segunda oportunidad se busca que esas personas puedan encarrilar nuevamente sus vidas sin tener que arrastar indefinidamente una mochila de deudas.

Para poder acogerse a la Ley de la segunda oportunidad la persona tiene que cumplir unos requisitos previstos en la Ley; ser considerado por el Juez deudor de buena fe y abonar unos determinados umbrales de deuda.

Generalmente, el proceso de Segunda Oportunidad se inicia intentando un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores (en el que se proponen nuevas condiciones de pago para reestructurar la deuda). Si esto no es posible, la persona deberá iniciar un concurso de acreedores  y, finalmente, solicitar al Juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), es decir, la eliminación de las deudas pendientes.

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Analizamos tu caso y si es aconsejable que inicies el procedimiento de segunda oportunidad u otras alternativas.

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Antes de contratarnos te enviamos un presupuesto personalizado para que tengas claros cuáles serán nuestros honorarios.

4º- Comenzamos a trabajar juntos.

Una vez aceptado el presupuesto iniciamos el proceso, acompañándote y asesorándote en todas las fases del mismo.

Algunas dudas sobre la segunda oportunidad

Las personas físicas (empresarios, autónomos, familias), que no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones de pagos (situación de insolvencia), y que cumplan los requisitos establecidos en el Texto refundido de la Ley Concursal.

Dependerá mucho de las circunstancias de cada caso. Aunque, por nuestra experiencia, podemos hablar de entre 6 meses y 1 año.

Por lo general, la persona deberá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Y, si esto no es posible, pasar por un concurso de acreedores, en el cual se deberá solicitar al Juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

El concurso de acreedores comporta la liquidación del patrimonio del concursado. También de la vivienda en propiedad.  

Sin embargo, en determinados casos en que; (1) la vivienda se encuentre hipotecada, (2) el préstamo se encuentre al corriente de pago, y (3) el valor de realización sea inferior a la hipoteca, podría excluirse de la liquidación. 

Con todo, el riesgo de perder la vivienda siempre existe.

En primer lugar, la persona debe reunir las condiciones para ser considerada deudor de buena fe:

1º)  Que el concurso no haya sido declarado culpable.  [No obstante, si esa culpabilidad se debe al retraso en la solicitud el Juez podrá acordar la exoneración atendiendo a las circunstancias del mismo].

2º)  Que la persona no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, en los 10 años anteriores al concurso.

Además el concursado:

3º)  Deberá haber abonado en el concurso todos los créditos contra la masa y privilegiados y, si reuniera los requisitos para poder hacerlo, haber intentado celebrar previamente con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos. 

[Sin embargo, si la persona que cumplía los requisitos no intentó el acuerdo extrajudicial, la Ley prevé que pueda acogerse al beneficio, si  en el concurso hubiera abonado además el 25% de los créditos ordinarios].

Alternativamente, el deudor de buena fe [1º) y 2º)] que no cumpla con el presupuesto objetivo [3º)], podrá solicitar el BEPI con sujeción a un plan de pagos (de la deuda que no quedaría exonerada), si cumple los siguientes requisitos:  (a) No haber rechazado en los 4 años anteriores al concurso una oferta adecuada a su capacidad, (b) No haber incumplido sus obligaciones de colaboración y de información durante el concurso, y (c) no haber obtenido este beneficio dentro de los 10 últimos años.

En ese caso, la persona deberá aceptar de forma expresa en su solicitud someterse al plan de pago que resulte aprobado por el Juez y que la concesión del beneficio se haga constar en el Registro Público Concursal durante 5 años.

En principio, la norma excluye el crédito público y por alimentos. 

Con todo, existe jurisprudencia favorable a que también puedan exonerarse (al menos, parcialmente, en el caso de del crédito público), en determinados circunstancias.

J. Raúl Fernandez

abogado y fundador de QUINTA LEGAL

Especializado en derecho de los negocios, concursal y mecanismo de segunda oportunidad.

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